Aspectos nacionales de la Recomendación 6 del GAFI.

De acuerdo con la Nota Interpretativa de la Recomendación 6 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “ exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de, o sea para el beneficio de: (i) alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como exige la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad (1999) y sus resoluciones sucesoras; o (ii) alguna persona o entidad designada por ese país en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad (2001)”.   

Las anteriores resoluciones exigen a los países congelar sin demora los fondos u otros activos y que se aseguren que esos fondos no se pongan a disposición directa o indirectamente, o beneficien a cualquier persona o entidad designada en esas Resoluciones.

La Resolución 1373 de 2001 del CSNU también faculta a los países para proponer designaciones internacionales a los Comités de las Resoluciones 1267 de 1999 y 1988 de 2011 de Al Qaida y Talibán, de acuerdo con una autoridad y procedimientos o mecanismos eficaces ofreciendo garantías adecuadas para los derechos de las personas o entidades designadas.  

No obstante, también permite luchar contra el terrorismo y la financiación del terrorismo nacional mediante el congelamiento preventivo de activos.  Apunta a personas, grupos o entidades que cometan, o intenten cometer, o participen o faciliten la comisión de actos terroristas, o quienes actúen en nombre o bajo la dirección de dichas personas o entidades, o que son entidades de propiedad de, o controladas directa o indirectamente por, dichas personas.

Esto implica desarrollar aspectos institucionales de coordinación entre diversas autoridades; Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Financiera, Inteligencia Financiera, Investigación, Judicialización y Sanción.  Es decir, debe existir un “sistema” integrado por instituciones que permita proponer designaciones, inclusiones y exclusiones en la lista de terroristas o financiadores del terrorismo nacional, que incluya también aspectos relacionados con la protección de las fuentes de información y el material de inteligencia que se llegue a aportar para esos fines. 

El sistema también debe contar con mecanismos objetivos para sustentar con bases sólidas o bases razonables la designación de personas o entidades de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 1373 de 2001.  También debe incluir procedimientos administrativos, penales o judiciales que observen siempre las garantías para los designados, tanto para inclusiones como exclusionea.

Según GAFI, “las medidas para el congelamiento de los fondos terroristas u otros activos pueden complementar los procedimientos penales, pero no estar condicionados a esos procedimientos”. En todo caso, las designaciones de personas que se hagan en virtud de la Resolución 1373 de 2001, el país debe haber definido en su legislación lo que es un acto terrorista, participación, facilitación o comisión del acto. Esto en razón a que en la Resolución no se define lo que es un “acto terrorista”, aunque sí hay senda literatura en donde se caracteriza al terrorismo y los actos terroristas.

El siguiente, es un esquema sencillo de cómo operaría en un país el sistema que facilite las designaciones de terroristas nacionales:

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